Summary
En este artículo analizamos las principales novedades de esta L.O. 1/2025, su impacto en la gestión de procesos judiciales y las implicaciones prácticas que pueden tener estas medidas para ciudadanos, empresas y profesionales del sector jurídico.
La Ley Orgánica 1/2025, del 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, representa una de las reformas más relevantes del sistema judicial español en los últimos años. Publicada en el Boletín Oficial del Estado el 3 de enero de 2025, esta ley orgánica introduce cambios estructurales, procesales y organizativos que buscan agilizar el acceso a la justicia, reducir la carga de trabajo de los órganos judiciales y fomentar mecanismos alternativos de resolución de conflictos.
En este artículo analizamos las principales novedades de esta L.O. 1/2025, su impacto en la gestión de procesos judiciales y las implicaciones prácticas que pueden tener estas medidas para ciudadanos, empresas y profesionales del sector jurídico.
Objetivos y ámbito de la L.O. 1/2025:
La L.O. 1/2025 nace con un objetivo claro: mejorar la eficiencia del Servicio Público de Justicia y, para ello, introduce cambios en dos grandes áreas:
- Eficiencia organizativa, que afecta a la estructura del sistema judicial.
- Eficiencia procesal, que modifica procedimientos y establece nuevos requisitos previos para la admisión de determinadas demandas.
Reestructuración de la organización judicial:
Una de las transformaciones más importantes de la L.O. 1/2025 es la implantación de los Tribunales de Instancia, que reemplazan el modelo tradicional de juzgados unipersonales. Bajo esta reforma, los órganos judiciales de primera instancia se reorganizan en tribunales colegiados que agrupan secciones especializadas en distintas materias (civil, mercantil, penal, familia, entre otras).
Esta reorganización busca:
- Homogeneizar criterios y procedimientos dentro de cada partido judicial.
- Mejorar la coordinación entre órganos judiciales y reducir duplicidades.
- Facilitar el acceso de los ciudadanos al sistema de justicia mediante estructuras más estables y completas.
Además, la ley contempla la transformación de los actuales juzgados de paz en oficinas de justicia en municipios, con el fin de aproximar el servicio judicial a la ciudadanía, especialmente en zonas pequeñas o rurales.
Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC)
La L.O. 1/2025 introduce, como gran novedad procesal, la obligatoriedad de intentar la resolución de conflictos mediante Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) antes de acudir a la jurisdicción ordinaria, especialmente en el ámbito civil y mercantil. Esto significa que, para que una demanda civil sea admitida a trámite, generalmente deberá acreditarse que las partes han agotado al menos un mecanismo alternativo de resolución de controversias —como la mediación, la conciliación o la opinión neutral de un experto independiente— salvo excepciones legalmente previstas.
Este requisito de procedibilidad busca:
- Reducir la judicialización de conflictos simples o evitables.
- Aligerar la carga de trabajo de los órganos judiciales.
- Fomentar una cultura de diálogo en la resolución de controversias.
Aunque la implementación práctica de este sistema aún está en evolución y ha sufrido modificaciones durante todo este año, diversos operadores jurídicos han planteado la necesidad de criterios operativos claros para acreditar dichos intentos previos de solución.
Cambios procesales en la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC):
La L.O. 1/2025 modifica aspectos sustanciales de la Ley de Enjuiciamiento Civil para incorporar los requisitos relacionados con los MASC y redefinir ciertos plazos y reglas procesales. Entre los cambios más relevantes se encuentran:
- Requisitos de admisión de demandas que implican que la presentación de una demanda sin el intento previo de solución alternativa puede dar lugar a su inadmisión.
- Adaptación de plazos y procedimientos para facilitar la integración de estos mecanismos en el flujo procesal ordinario.
- Mayor peso de los medios digitales y registros electrónicos para acreditar la participación en procesos previos a la judicialización.
Estos cambios procesales buscan no solo agilizar la justicia civil, sino también adaptar la normativa a nuevos requisitos sociales y tecnológicos.
Modificaciones en otras áreas del proceso:
Además de las reformas organizativas y de procedimiento civil, la L.O. 1/2025 contempla modificaciones en otras áreas procesales como:
- Proceso contencioso-administrativo, donde se actualizan plazos y legitimaciones procesales.
- Materia penal y laboral, con ajustes procedimentales para aumentar la eficiencia.
- Costas y criterios de imposición de gastos procesales, que tienen ahora en cuenta la participación en mecanismos alternativos de solución de controversias en algunos supuestos, con efectos sobre la asignación de costas.
Impactos prácticos y retos de implementación:
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 genera expectativas importantes para reducir la congestión judicial y modernizar el acceso a la justicia, pero también plantea retos en su aplicación práctica.
Por un lado, la reorganización de los tribunales y la implantación de los Tribunales de Instancia requerirán tiempo y ajustes logísticos, incluso con cambios graduales que han ido apareciendo a lo largo del año. Por otro lado, la integración de los MASC como requisito para la admisión de demandas exige formación específica para profesionales y claridad en los criterios de acreditación, algo que aún está en desarrollo en la práctica judicial diaria.
Finalmente, la ley también ha motivado medidas complementarias, como la creación de nuevas plazas de jueces y fiscales especializados, que buscan soportar el incremento de carga laboral en materias como violencia sobre la mujer, directamente vinculado con la reorganización judicial derivada de la reforma.
La Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia constituye una reforma ambiciosa que impacta de forma significativa en la organización y funcionamiento del sistema judicial español. Desde la implantación de nuevos tribunales hasta la introducción de mecanismos alternativos de resolución de controversias como requisito previo para judicializar conflictos, esta norma pretende modernizar y hacer más eficiente la justicia.
Para ciudadanos, empresas y profesionales del derecho y la asesoría, comprender estas novedades es clave para anticipar cambios, adaptar procedimientos y gestionar expectativas en la resolución de conflictos.
Si necesitas asesoramiento sobre cómo la L.O. 1/2025 puede afectar a tus procesos judiciales o contractuales, contáctanos. En Gestión Economista te ayudamos a interpretar la norma y a aplicar sus implicaciones de manera práctica y eficiente.
